BRASIL: PROGRAMA DE PARCERÍAS DE INVESTIMENTOS

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE PARCERÍA DE INVESTIMENTOS (PPI)?

El Programa de Parcerías de Investimentos (PPI) fue creado, en el ámbito de la Presidencia de la República de Brasil, por la Ley Nº 13.334 del año 2016 con el objetivo de ampliar y fortalecer la interacción entre el Estado y la iniciativa privada mediante la celebración de contratos de asociación y otras medidas de privatización.

Con dicha Ley se crearon, además, dos estructuras en la Administración Federal: el Consejo del PPI y la Secretaría del PPI. El Consejo es el órgano colegiado que evalúa y recomienda al Presidente de la República los proyectos que formarán parte del PPI decidiendo, también, sobre cuestiones relacionadas con la ejecución de los contratos de asociación y privatización. La Secretaría, dependiente del Ministerio de Economía, apoya a los Ministerios y Agencias Reguladoras en la ejecución de las actividades del Programa.

Objetivos del PPI:

  • Ampliar las oportunidades de inversión y empleo y estimular el desarrollo tecnológico e industrial, en armonía con los objetivos de desarrollo social y económico del país.
  • Garantizar la ampliación de las infraestructuras públicas con calidad, con tarifas adecuadas para los usuarios.
  • Promover una competencia amplia y leal en la celebración de asociaciones y en la prestación de servicios.
  • Asegurar la estabilidad y seguridad jurídica de los contratos, garantizando la mínima intervención en los negocios e inversiones.
  • Reforzar el papel regulador del Estado y la autonomía de las entidades reguladoras estatales.

Organismos que intervienen

Una vez calificados los proyectos en el Programa de Parcerías de Investimentos, son tratados como una prioridad nacional lo que implica que los organismos y entidades implicados actúen de forma tal que los procesos y actos necesarios para la estructuración, liberación y ejecución del proyecto se produzcan de forma eficiente y rentable.

Consejo de la PPI

El Consejo de la PPI se reúne, siempre que se le convoque, para deliberar sobre los temas del orden del día organizados por la Secretaría de la PPI. Sus principales atribuciones son:

  • Opinar, antes de la deliberación al Presidente de la República, sobre las propuestas de los Ministerios para la inclusión de las empresas en el PPI y sobre las políticas federales de inversión a largo plazo a través de asociaciones.
  • Coordinar, controlar, evaluar y supervisar las acciones del PPI y apoyar las acciones sectoriales necesarias para su implementación.
  • Ejercer las funciones asignadas al:
  • Órgano de gestión de las asociaciones público – privadas federales (Ley Nº 11.079/2004).
  • Consejo Nacional de Integración de Políticas de Transporte (Ley Nº 10.233/2001).
  • Consejo Nacional de Privatización (Ley Nº 9.491/1997).

Secretaría de la PPI

La Secretaría de la PPI es un órgano permanente, y sus responsabilidades incluyen:

  • Prestar servicios de secretaría al Consejo del PPI, recibiendo propuestas de los Ministerios y estructurando el orden del día de las reuniones.
  • Asesorar al Presidente de la República en asuntos relacionados con la PPI, elaborando dictámenes y estudios y proponiendo normas, medidas y directrices.
  • Coordinar, controlar, evaluar y supervisar las acciones de la PPI, incluyendo el apoyo a las acciones necesarias para la ejecución de los compromisos de los Ministerios y agencias reguladoras.
  • Dar a conocer los proyectos del PPI y establecer contactos con los inversores y otros interesados en el Programa, incluidos los organismos estatales y municipales.

Empresa de Planejamento e Logística SA (EPL)

La Empresa de Planejamento e Logística SA (EPL) está vinculada al Ministerio de Infraestructura, según el Decreto N° 9.660 del 1 de Enero de 2019, y tiene entre sus atribuciones:

  • Realizar estudios y proyectos destinados a las nuevas concesiones federales de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos.
  • Subvencionar la formulación, planificación y ejecución de acciones en el ámbito de las políticas de logística y transporte.
  • Elaborar los estudios e informes necesarios para la concesión de licencias ambientales de las carreteras y ferrocarriles federales concedidas.

Ministerios

Los ministerios competentes son responsables de:

  • Presentar propuestas y proyectos para su deliberación por el Consejo y su inclusión en el Programa de Asociación para la Inversión;
  • Promover estudios técnicos y de modelización de los proyectos bajo su responsabilidad;
  • Dirigir el proceso de licitación y supervisar la ejecución de los proyectos, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del PPI y los organismos reguladores.

Agencias reguladoras

Las agencias reguladoras tienen las siguientes atribuciones:

  • Regular los sectores económicos, con el fin de promover la competencia y garantizar la calidad de los servicios prestados por los agentes privados.
  • Supervisar los estudios técnicos y de modelización, a petición de los Ministerios, y realizar estudios técnicos de las empresas bajo su jurisdicción.
  • Supervisar la ejecución de los contratos de Concesión y APP en sus áreas de competencia.
  • Evaluar las revisiones contractuales y las exigencias de reequilibrio económico-financiero en los contratos de asociación en sus ámbitos de actividad.

LAS DIRECTRICES DEL PROGRAMA DE PARCERÍAS E INVESTIMENTOS

1. Las concesiones se llevarán a cabo con el máximo rigor técnico.

Sólo los proyectos con solidez, consistencia y capacidad efectiva de generar retornos para la sociedad y los inversores saldrán al mercado, evitando que la ejecución de las concesiones se vea contaminada por asperezas que a menudo se traducen en riesgos para la buena gobernanza, como las modificaciones contractuales y los reajustes excesivos.

2. La atención se centrará en mejorar la prestación de servicios a la población y al sector productivo.

Se pretende garantizar las condiciones logísticas y energéticas para mejorar la vida de la población y reducir los costos de los productos exigiéndose acciones tendientes a mejorar el servicio, según la demanda demostrada en cada proyecto.

3. Para aumentar la seguridad jurídica, todos los contratos tendrán indicadores claros.

Las cláusulas de rendimiento protegerán al usuario al establecer la calidad del servicio como objetivo central de la concesión. Al mismo tiempo, los inversores también sabrán exactamente qué objetivos tendrán que cumplir y cómo se medirán.

4. Se devuelve a las agencias reguladoras el sentido de la estatalidad efectiva.

Se reforzarán para que puedan desempeñar plenamente su función de regulación, control y supervisión. La autonomía de las agencias es la garantía de que se comprometerán exclusivamente con el desarrollo de los sectores que regulan.

5. Los concursos públicos sólo se lanzarán tras pasar por el debate público y obtener la aprobación del Tribunal de Cuentas de la Unión.

Todos los estudios elaborados para los proyectos serán ampliamente difundidos, mediante audiencias y consultas públicas.

6. Todas las licitaciones se publicarán en portugués e inglés.

Esta fue una de las sugerencias del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), que viene colaborando en la elaboración de este nuevo modelo como forma de aumentar la transparencia y facilitar la participación de los inversores extranjeros.

7. El período mínimo de notificación pública se ampliará a 100 días.

El periodo entre el lanzamiento del anuncio público y la recepción de las ofertas será superior a 100 días, lo que permitirá que un mayor número de inversores se prepare para participar en las ofertas.

8. La variable ambiental se considerará desde el principio de la estructuración del proyecto.

Se presentarán las directrices para la concesión de licencias ambientales de la empresa para aumentar la previsibilidad del calendario de actividades. La licencia ambiental será seguida de cerca por la PPI en busca de la compatibilidad del desarrollo económico y social con el mantenimiento o la mejora de la calidad ambiental.

9. Se cambia la forma de contratar la financiación a largo plazo.

La tendencia es que se contraten al inicio de las obras, eliminando la necesidad de préstamos intermedios, que aumentan el costo y burocratizan las operaciones.

Para ello:

  • Se apuesta a la emisión de obligaciones como instrumento de financiación, apoyando la circulación de capital privado como parte de la revitalización de la economía, con estímulo al mercado secundario de estos títulos.
  • Durante la fase de construcción, el riesgo de crédito es asumido por los bancos, incluyendo el BNDES, la Caixa y el Banco do Brasil. Los contratos de financiación tendrán las mismas condiciones que el contrato de concesión.
  • Las garantías se reparten entre los acreedores y los obligacionistas. De este modo, se minimizan los riesgos de los prestamistas a largo plazo y se crea una oportunidad para que el sector financiero, con su experiencia en la evaluación de riesgos, haga viables estas fuentes de financiación;
  • El nuevo modelo cuenta con la participación de bancos privados y otras fuentes de financiación, lo que requiere proyectos bien calificados que presenten tasas de retorno adecuadas a las condiciones de financiación del mercado.

10. En el caso de las concesiones existentes, se trabajará para que mantengan su compromiso de garantizar el equilibrio de los proyectos.

En este sentido, los estudios que se encuentran en una fase avanzada buscan alternativas para la solución de los problemas existentes a la luz de los cambios que están configurando el nuevo entorno normativo. En cualquier caso, el Gobierno realizará estudios técnicos, que serán sometidos a audiencias y consultas públicas y tendrán que contar también con el aval del Tribunal de Cuentas de la Unión.

Fuente:
https://www.ppi.gov.br/sobre-o-programa

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí